CONCEPTO Y NORMATIVA

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no realiza ninguna mención específica a aspectos sociales en el apartado relativo a prohibiciones para contratar.

No obstante sí que el artículo 13.3 (Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora) menciona entre las prohibiciones para concurrir, la de aquellas asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y dicho artículo señala lo siguiente:

Artículo 4. Relaciones con la Administración.

Los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

ANÁLISIS

Toda prohibición para concurrir implica la imposibilidad de participar en cualquier convocatoria de una subvención pública de aquella persona física o jurídica que se encuentre en el supuesto o supuestos establecidos. Y en el caso de que pretendiera concurrir sería inadmitida.

Por lo tanto, cabe preguntarse si es legal excluir o prohibir el acceso a las personas físicas o jurídicas cuya actuación sea discriminatoria por razón de origen, raza, sexo, religión u opinión.

O también de aquellas personas, empresas o entidades que hubieran sido sancionadas o condenadas por infringir la legislación en materia laboral, o social, o de integración de personas con discapacidad, o un delito de odio, o por violación de los derechos humanos o vulneración de los derechos de las personas inmigrantes.

Como hemos visto, la normativa estatal (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación), únicamente establecen esta prohibición para las asociaciones que discriminen por dichas razones, pero dejando fuera de su aplicación a otras personas físicas o jurídicas diferentes a las asociaciones.

Aunque no esté expresamente previsto, desde el punto de vista jurídico es plenamente legal que cualquier Administración Pública y cualquier órgano concedente establezca una prohibición para concurrir a una convocatoria de subvención a aquellas organizaciones, empresas o entidades cuyos fines, sistema de admisión, funcionamiento, trayectoria o actuación sean manifiestamente discriminatorios. 

Y también sería legal señalar la prohibición para concurrir a cualquier empresa o entidad que hubiera sido condenada o sancionada por la vulneración de la legislación social, laboral, de inmigración, de discapacidad o de igualdad. 

No obstante, a efectos prácticos, aunque también jurídicos, debemos tener en cuenta que la carga de la prueba corresponde a la administración pública concedente, pues en caso de que se presente una entidad que incurre en discriminación (en sus estatutos, admisión o funcionamiento, por ejemplo) o bien ha sido sancionada o condenada, deberá probarse por parte de dicha administración esta discriminación, puesto que en caso contrario sería fácilmente impugnable y no se podría excluir a dicha entidad.

Para evitar recursos y problemas, cabe aconsejar que este supuesto de las prohibiciones para concurrir se utilice en casos concretos y notorios. En este caso bastaría como medio de prueba objetivo y suficiente la escritura fundacional, los estatutos o la relación de las personas socias. 

Pero en casos que no resulten flagrantes será preciso que el propio órgano que convoca y concede la subvención pruebe de modo fehaciente dicha actuación discriminatoria. 

Del mismo modo en aquellos casos en que una persona física o jurídica hubiera sido sancionada o condenada, el órgano concedente deberá contar con la prueba acreditativa suficiente para poder excluir a dicha persona, empresa o entidad de la convocatoria.